La realidad de las pensiones en Colombia

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Según la Ley 100 de 1993, el Sistema de Seguridad social Integral en Colombia, asegura que garantiza una calidad de vida acorde con la dignidad humana, pues las personas y la comunidad pueden contar con normas y procedimientos de protección laboral y asistencia social.

De la misma manera, la Ley 100 de 1993 establece la legislación con cuatro aspectos generales:

  • El Sistema general de Pensiones
  • El Sistema General de Seguridad Social en Salud
  • El Sistema General de Riesgos Profesionales
  • Los servicios sociales complementarios

En este caso, en el Sistema General de Pensiones, se afirma que el objetivo es asegurar a la población el cubrimiento de los riesgos o contingencias derivados de la vejez, la invalidez y la muerte, por medio del reconocimiento de pensiones y prestaciones determinadas por la Ley. Este sistema busca además la ampliación de la cobertura a segmentos de la población no cubiertos hasta ese momento por el antiguo Sistema.

Con esta Ley, surgió un permiso para crear  Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones, cuya función es administrar los recursos destinados a pagar las pensiones de los afiliados que escojan pensionarse de acuerdo con las condiciones en que estos fondos operaran, de acuerdo con las disposiciones que requiere la Ley 100. También reglamenta y autoriza el manejo del régimen pensional manejado por el Instituto de Seguros Sociales y por el cual se reconoce un porcentaje fijo de pensión de acuerdo con el cumplimiento de requisitos de edad y tiempo cotizado.

Las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías en Colombia son: Pensiones y Cesantías Protección, Porvenir S.A.; Skandia, ING Pensiones y Cesantías, Citi Colfondos y BBVA Horizonte. Estas instituciones financieras son supervisadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuyo objeto exclusivo es la administración y manejo de fondos y planes de pensiones del régimen de ahorro individual con solidaridad y de fondos de cesantía y se encargan de administrar los dineros para pagar las pensiones de los afiliados.

Igualmente, estas entidades se desempeñan en la administración de la cesantía, que es la prestación social que todo empleador debe reconocer a sus trabajadores con el fin de que este pueda atender sus necesidades primarias en caso de quedar cesante.

En Colombia opera el régimen de prima media, sistema público que maneja el Instituto de Seguro Social, ISS, y que financia el Estado. Hoy existen 1’247.145 colombianos que gozan de una pensión por parte del ISS. Pero lo que no saben todos los “beneficiados” por este régimen, es que en la actualidad, los pagos de los trabajadores vigentes no van dirigidos a su ahorro real, sino a los pagos de las pensiones de las personas ya jubiladas años atrás, porque gobiernos anteriores no guardaron ese dinero y fue el comienzo del descarrilamiento pensional que se va a presentar, o mejor dicho, a anunciar dentro de muy poco tiempo.

En pocas palabras, los trabajadores actuales ignoran que cuando lleguen a viejos, si es que llegan, sus anhelados ahorros no existen y no habrá jóvenes trabajadores que les paguen sus pensiones, como ellos lo están haciendo en este momento con los viejos.

También están los administradores de fondos privados que funcionan con el ahorro individual de cada colombiano y la pensión de ellos depende de su propio aporte. Hoy existen 43.516 personas jubiladas con este régimen.

Las preguntas del millón

Pero, volviendo al comienzo de este ensayo, surge “la pregunta del millón”: ¿dignidad humana? Toda esta síntesis que describe al Sistema General de Pensiones y el manejo que estipula la Ley 100, pertenece a una de las tantas historias de ciencia ficción de nuestra Constitución Política.

¿Calidad de vida acorde con la dignidad humana? ¿Será acaso, que calidad de vida digna es pensionarse a los 55, en el caso de las mujeres, y a los 60 años, en el caso de los varones? ¿Teniendo en cuenta que el promedio de vida de un colombiano del sexo masculino es de 70 años y femenino, de 77? ¿vale la pena trabajar como un esclavo más de 8 horas diarias todos los años de la existencia para disfrutar, si acaso 10, cuando ya se es diabético, inválido, sordo, ciego, sin memoria y con todos los problemas de salud posibles? ¿Calidad de vida acorde con la dignidad humana?

Tal parece que el Gobierno colombiano así lo cree, e incluso, considera que aún “se es demasiado joven” a esas edades para recibir la pensión.

Por ende, al principio de este año, exactamente el 30 de enero, dizque para asegurar el futuro fiscal de Colombia, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Anif, advirtió que se deberá incrementar la edad de jubilación de los colombianos y que éste aspecto deberá convertirse en la piedra angular de la reforma pensional.

“De no ser así, dicha reforma difícilmente alcanzará la relevancia histórica requerida para evitar el descarrilamiento pensional de Colombia en un futuro no muy distante”, recalca un informe de la Asociación. De acuerdo con la entidad, el ajuste deberá ser para las mujeres de 62 años y de 65 años para los hombres. ¿Habrá alguien que crea en las pensiones?

¿Nos estaremos acercando a un «corralito financiero»?

Esto nos hace recordar la grave crisis que afrontó Argentina, cuando el pánico invadió a la gente, que al ver que los bancos cerraron sus puertas ante el anuncio del gobierno, presionado por el descarrilamiento pensional, de limitar  a 250 dólares la cantidad semanal que podía retirar cada ciudadano de su cuenta bancaria para frenar la fuga de capitales, medida que se popularizó con el nombre de ‘corralito’ financiero.

En ese entonces, en el año 2001, el FMI decide no conceder un préstamo de 1.260 millones de dólares ante la falta de cumplimiento de las metas fiscales de Argentina. El Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) congelaron préstamos de 1.230 millones de euros. El ex ministro Domingo Cavallo amplió a 1.000 pesos a la semana la cantidad de efectivo que podían sacar los argentinos y a 10.000, el máximo que puedían sacar del país. Al día siguiente, el funcionario admitió que el país había entrado en una «virtual» suspensión de pagos y se trasladó urgentemente a Washington para negociar con el Fondo Monetario Internacional la concesión del préstamo. No lo consiguió.

El 13 de diciembre de ese año, explotó la huelga general en Argentina contra las impopulares restricciones bancarias. Cinco días después, estalló una violenta ola de saqueos a supermercados y violentas protestas. El Gobierno declaró el estado de sitio.

¿Cuál será nuestro futuro, pues esto es una bomba de tiempo declarada?

La realidad de las pensiones en Colombia

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